El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América notificó la revocación de la visa de turista a la gobernadora del estado de Baja California, así como previamente a su esposo quien se ha desempeñado como funcionario en distintos municipios. Cabe señalar que sus hijas estudian en Calexico y poseen ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Los cruces fronterizos de Baja California representan los más importantes del mundo en términos de intercambio con Estados Unidos. Una medida de esta magnitud no puede entenderse como un hecho aislado, ni atribuida a simples trámites administrativos. Todo indica que existen motivos de fondo, posiblemente relacionados con conductas que el gobierno de los Estados Unidos considera impropias o incluso ilícitas. Ante esta situación, México Republicano expresa su profunda preocupación por el hecho de que una gobernadora en funciones pudiera estar sujeta a investigaciones por parte de autoridades de los Estados Unidos.
Se ha filtrado además que al menos dos instituciones bancarias en Estados Unidos han devuelto e incluso congelado recursos financieros relacionados con la gobernadora y su esposo, debido a sospechas sobre su origen. Ante este escenario, resulta éticamente necesario y políticamente indispensable que la gobernadora informe con claridad y transparencia los motivos que dieron lugar a la revocación de su visa. Es evidente que el Departamento de Estado no toma una decisión de esta índole sin haber aplicado un análisis riguroso y sin considerar las implicaciones diplomáticas, especialmente tratándose de la titular del Poder Ejecutivo del estado mexicano con mayor actividad fronteriza y una vasta interrelación con la comunidad estadounidense.
El criterio aplicado para revocar la visa de la gobernadora Marina del Pilar pasó, sin duda, por diversos filtros técnicos, jurídicos y políticos. Por ello, el Gobierno de México debe dar un puntual seguimiento a esta situación.
El discurso de victimización que ha esgrimido la gobernadora, en el que se compara con miles de mexicanos sin visa, es no solo irresponsable, sino profundamente populista. No se trata de un caso común: por la naturaleza de su cargo y sus vínculos binacionales, la gobernadora requiere una relación constante y fluida con las autoridades y actores económicos del país vecino. La pérdida de su visa, por tanto, representa un obstáculo grave para el ejercicio de sus funciones.
Lo ético, lo prudente y lo responsable sería que la gobernadora solicitara licencia del cargo mientras se aclaran los hechos. Esto evitaría dañar los intereses de ciudadanos y empresas de ambos lados de la frontera que requieren colaboración institucional al más alto nivel. Minimizar lo ocurrido mediante discursos emocionales y negarse a tomar medidas concretas únicamente expone al Ejecutivo estatal a una posible escalada de señalamientos y evidencias.
Este tema debe abordarse con seriedad por parte de todas las fuerzas políticas en el Congreso local de Baja California, así como por el Gobierno Federal y el Senado de la República. Se trata de un asunto de máxima relevancia, que exige atención inmediata, análisis profundo y un manejo diplomático a la altura de las relaciones que deben imperar entre nuestras naciones.
Atentamente,
“Libertad, Grandeza y Fuerza”
Juan Iván Peña Neder
Presidente
Gricha Raether Palma
Secretario General